Esta semana se ha aprobado, en el pleno del Parlamento andaluz, la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado; una ley que, seguro, será bien acogida por nuestros aspirantes a profesores, ya que persigue reconocer la autoridad docente y destacar al profesor como figura fundamental, además de “procurar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado». La ley, promovida por Imbroda, ha contado con el respaldo de PSOE, PP, CS y Vox.

La Ley llega tras la reclamación de diversos agentes del sector educativo para que se desarrollara una norma que convirtiera la protección legal en protección real y se divide en tres puntos: uno para definir el objeto y ámbito de la norma, el segundo para reconocer la condición de autoridad pública del profesorado y el tercer y último para regular las medidas de apoyo al colectivo.

La Ley tiene como objeto reconocer la autoridad docente y destacar su figura como pilar fundamental del sistema educativo, con la finalidad de procurar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.

Combatir las agresiones

El crecimiento de las agresiones a los docentes en la última década ha sido determinante para el impulso de esta Ley. Sólo en el curso 2018-2019 se constataron un total de 34.000 conductas perjudiciales: agresiones, injurias o amenazas.

Por eso, una de las claves de la importancia de reconocer a los profesores como autoridad la encontramos a la hora de combatir estos casos de agresión física o moral. A partir de ahora, el alumno estará obligado a reparar los daños que cause a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de todos miembros de la comunidad educativa. Además, se contempla asistencia legal y psicológica para los docentes envueltos en estas circunstancias.

Presunción de veracidad

Además de la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, los profesores disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que pueda aportar el alumno. Los hechos constatados por el profesorado, establece esta Ley, tendrán valor probatorio en los procedimientos de adopción de medidas correctoras.

Ciberacoso

Una de las novedades de la norma es la de actualizar e incluir cuestiones como el ciberacoso, mejoras de condiciones laborales y ampliación del PAS (personal de administración y servicios). Para los docentes sometidos a acoso o amenazas a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, también se contempla asistencia jurídica y psicológica.

Respeto y medidas correctivas

El texto de la Ley incide en el derecho del profesorado a recibir “el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el resto del personal”.

De la misma forma, se reconoce la potestad para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias de manera inmediata, proporcionada y eficaz.

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